La evidencia está ahí. Son diversos sectores de la conurbación La Serena-Coquimbo los que han debido enfrentar, cada vez con mayor preocupación, la instalación de tomas en terrenos particulares, de manera forzosa, generando una situación de inquietud e inseguridad entre los propietarios de diferentes predios. Ellos, con tal de proteger aquellos espacios, hacen lo que pueden para evitar ser potenciales víctimas, y con ese propósito, decididamente han instalado zanjas y cercos que buscan nuetralizar las tomas de terreno.
En ese contexto, conversamos con algunos parlamentarios electos de la región y les preguntamos ¿cómo abordar esta problemática?
Ajustes cruzados
El diputado electo del Partido Socialista, Daniel Manoucheri, señaló que “el gobierno y las policías son la que deben velar por el respeto de la ley. La autotutela jamás debe ser un camino. El Gobierno ha sido un desastre en el resguardo del orden público y estas situaciones son evidencias”, sostuvo.
En su diagnóstico, el futuro parlamentario indicó que “las tomas afectan la convivencia de la comuna, donde incluso hay personas sin necesidad de vivienda. El déficit de soluciones habitacionales es gigantesco. Lo que no puede pasar es que algunos se quieran saltar la fila, por sobre quienes han esperado por años. Esperamos que el próximo Gobierno inicie una política de vivienda a la altura de la demanda social”.
Quien también iniciará sus actividades parlamentarias el 11 de marzo próximo es la diputada electa Carolina Tello (PC), quien sostuvo que “uno de los grandes problemas es que a nivel de políticas públicas, el Gobierno no ha sido capaz de entender ni menos actuar adecuadamente frente al tremendo déficit habitacional que tenemos. Y lo complejo de esto, es que con dicha inacción, vemos en situaciones como las que están ocurriendo la indefensión tanto de las y los vecinos, como también de quienes no han logrado acceder a oportunidad alguna en materia de vivienda. En otras palabras, debemos hacernos cargo del déficit habitacional con la urgencia que hoy requiere y no sólo en la región, sino a nivel país”.
Otra visión
Por contraparte, el diputado electo Marco Antonio Sulantay (UDI) traspasó responsabilidades a la próximo período, bajo el mando de Gabriel Boric. “Por un lado está la expectativa que genera la próxima administración encabezada por un presidente, un gabinete y una coalición que en su discurso viene relativizando el derecho a la propiedad privada desde hace tiempo. Desde ese punto de vista los ocupantes forzosos no hacen más que responder a las expectativas que las futuras autoridades han generado en este sentido”, señaló.
Sin embargo, también analizó el actuar del Gobierno actual. “Hay que agregar el accionar temeroso del gobierno actual, que jamás estuvo a la altura en la aplicación del Estado de Derecho en el país, especialmente en lo que a inmigración ilegal se refiere, que es otro ingrediente en esta problemática. Siendo diputado en ejercicio a partir del 11 de marzo, defenderé y apoyaré sin matices el rango de acción de nuestra Constitución en cuanto a la defensa de la propiedad privada”.
Además, lamentó la “desfachatez y el oportunismo de aquellos, que teniendo recursos, siendo sujetos de subsidio o, incluso propietarios habitacionales encabezan estas ocupaciones forzadas, violentas y, finalmente, delictuales”.
Otros alcances
El diputado electo, Víctor Pino, del Partido de la Gente, señaló estar “completamente en desacuerdo con la inmigración ilegal. Todas las personas tienen derecho a hacerlo, pero la idea es hacerlo de la mejor manera. De todas formas, es razonable ver como la gente, ante la incertidumbre que produce el temor y la inseguridad, buscan asegurar su patrimonio y sus pertenencias, para que otras personas no vengan a usufructuar de ellas de materia arbitraria. Por esto, espero que el Gobierno que viene haga las cosas bien en esa línea”.
El problema, la vivienda
El diputado electo de la Democracia Cristiana, Ricardo Cifuentes, en diálogo con El Día, subrayó que este “es un problema bastante generalizado. A nosotros nos ha tocado trabajar cercanamente con comités de vivienda, lo que viene de hace años. En el caso de Ovalle, por ejemplo, ayer estuvimos con vecinos de los Comités de El Trébol y que llevan esperando cerca de 20 años por su vivienda. Y vemos que esta problemática se ha agudizado cerca del cementerio, en Las Compañías”.
Frente a esta realidad, indicó que “se requiere de una política muy robusta durante los próximos años, lo que incluso he conversado con el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Creo que lo fundamental es formar un fondo de Tierras, porque el gran problema para la construcción de viviendas sociales son los terrenos. Por tanto, cuando hay personas que esperan 10, 12 o 15 años por una vivienda se desesperan, y por otro lado, no sacamos nada con comprar un terreno lejano que no tiene posibilidad de contar con servicios básicos en el corto plazo. Por contraparte, hay terrenos en buenas condiciones, pero están en manos de privados, que tienen el legítimo derecho de proteger su propiedad”.