Más de ocho años de espera lleva el proyecto del nuevo edificio consistorial de Coquimbo, que desde su inicio ha presentado una serie de inconvenientes.
En esta larga historia, ayer se sumó un nuevo capítulo luego de que la Contraloría informara de graves faltas al contrato de construcción de la obra, en la que la municipalidad interviene como unidad técnica y el Gobierno Regional como mandante.
En efecto, la auditoría comprende el período entre mayo de 2018 y noviembre de 2020, correspondiente a la administración del exalcalde del puerto, Marcelo Pereira.
Cabe recordar que la iniciativa data del año 2014 e inicialmente iba a ser entregada el 2016. Sin embargo, a la fecha no ha podido ser habitado por los funcionarios pese a que la obra gruesa está finiquitada.
Transacción extrajudicial
¿Qué advierte la Contraloría? En primer lugar se estableció que durante la ejecución del proyecto se suscribió una transacción extrajudicial con la empresa SACYR Chile S.A. por $2.975.000.000.
El argumento, según indica el informe de la entidad fiscalizadora, apunta a “precaver un eventual litigio entre las partes, relacionado con un aumento en el valor de la ejecución del proyecto y perjuicios económicos informados por la empresa, derivados de situaciones que, en opinión de la constructora, le serían compensables”.
En consecuencia, la casa edilicia accedió evitando comprometer la entrega del edificio, sin efectuar un análisis técnico y económico detallado de las pretensiones sostenidas por la compañía.
Respecto a este punto, el ex Secplan de la administración del alcalde Marcelo Pereira, Claudio Telias, explicaba en octubre de 2018 a El Día, que el acuerdo se basaba en “temas netamente técnicos”.
Sin embargo, llama la atención que de acuerdo al informe del órgano contralor, se cancelaron $929.306.056 por menores gastos generales y $1.201.685.976 por el plazo transcurrido hasta la obtención del financiamiento de las modificaciones de obras, sin que las bases contemplaran indemnización alguna.
Asimismo, el documento precisa que del acuerdo extrajudicial, el municipio solo ha pagado un 25% del total, y no se tiene certeza sobre las partidas que fueron canceladas.
Cabe recordar que el trato con la empresa fue aprobado por todos los concejales de la época, quienes argumentaron la necesidad de apurar los tiempos para concluir el edifico.
Deuda al GORE
Otro de los puntos que se destacó en las conclusiones de la Contraloría, es que el municipio mantiene una deuda de $3.467.694.525 con el GORE, por aportes comprometidos para el financiamiento conjunto de la edificación, por lo que deberá hacer las gestiones para pagar lo adeudado e informar al ente contralor en un plazo de 60 días hábiles.
Sobre este punto, la Consejera Regional, Adriana Peñafiel, señala que es efectivo que existe una cuota pendiente de parte del municipio hacia el Gore en relación al convenio que existía para construir el edifico.
“Esta es una obra de arrastre y lo impulsamos suplementando recursos para que se pudiera concretar, porque no podíamos dejarla sin terminar. Cuando se aprobó el proyecto había un aporte de más de 3 mil millones de pesos de la municipalidad que hasta la fecha no se ha hecho”, detalla.
Peñafiel manifiesta que se conversó con el alcalde anterior Marcelo Pereira y con el actual Alí Manouchehri, pero aún no se logra el pago.
“Varias veces nos reunimos con Pereira, solicitaban los recursos para suplementación, porque no se finalizaba la obra. En cada oportunidad que nos reuníamos le hacíamos presente que este monto estaba pendiente”, recuerda la autoridad.
Cabe precisar que esta deuda corresponde al pago final de obras civiles, las que en primera oportunidad eran por un monto de M$1.219.309, sin embargo, la Unidad Técnica tuvo por saldo final M$4.687.003, la diferencia de aquello es el cofinanciamiento que debía aportar el municipio coquimbano (M$3.467.694) y que finalmente debió asumir el Core, para que se siguiera con la construcción.
Al recibir ese suplemento en el año 2019, el entonces alcalde porteño Marcelo Pereira manifestaba que “nosotros también estamos poniendo dinero (…) pero todos necesitamos un empujoncito, porque todos saben que el edificio ha requerido ciertas modificaciones, ya sea por el terremoto y posterior tsunami”.
Aumento de obras y plazos
Durante la auditoría que se dio a conocer ayer, también se determinó que el municipio de Coquimbo aprobó obras extraordinarias por $18.537.472 que debieron ser ejecutadas con cargo al contratista. Por otro lado, dio su visto bueno a aumentos de obra y obras extraordinarias por $901.312.482 que no se verifican imprevistas e ineludibles conforme exigen las bases.
Otro de los hallazgos de la investigación estableció que la entidad edilicia, en su calidad de unidad técnica, aprobó aumentos de obra y plazo, superando el límite establecido y sin los informes técnicos que los fundamenten.
Además, la Contraloría General agregará los antecedentes de este informe al procedimiento disciplinario que instruyó en el municipio en 2021, tras el informe N°9 de ese mismo año.
Antecedentes a Fiscalía y CDE
Tras el análisis de los antecedentes obtenidos, desde el ente contralor se determinó enviar las conclusiones del informe de auditoría al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
El mismo camino tomará el actual edil, Alí Manouchehri. “Nuestro equipo jurídico trabaja en la presentación de una querella por el supuesto delito de fraude al fisco y cualquier delito que se configure a partir de estos hechos, en contra de quienes resulten responsables, en el contexto de una transacción extrajudicial por la construcción de este edificio, la que interpondremos en los próximos días (no se descarta que sea hoy jueves)”.
Agrega el edil que desde su llegada al municipio han puesto a disposición todos los antecedentes necesarios ante la justicia para que investigue eventuales irregularidades o delitos en la administración anterior.
En tanto, reiteró que se encuentran en proceso de una licitación de una auditoría forense externa que permitirá saber el verdadero estado financiero del municipio de Coquimbo.
“La señal que queremos dar como administración es clara: vamos a cooperar con el Ministerio Público y todas las instancias que sean necesarias para aclarar los hechos ocurridos en la municipalidad. Tenemos confianza que las instituciones deben funcionar y, paralelamente, trabajamos para dar transparencia a la ciudadanía respecto a todos los procesos que realizamos en la administración de los recursos de todos y todas. Cada peso que se gasta es en beneficio de nuestros vecinos y vecinas, nunca más primarán mezquinos intereses”, finalizó el alcalde.
