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“Papaya Gate”: Investigación se mantiene sin formalizados a más de 1 año y medio del escándalo

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El abogado asegura que ya se cuenta con los antecedentes necesarios para formalizar el bullado caso de la compra de terrenos en San Ramón. Agrega que la ex-intendenta Lucía Pinto y los otros tres querellados arriesgarían penas de hasta 10 años en el caso de ser considerados culpables.

El ex-fiscal de delitos de alta complejidad, Carlos Gajardo, conocido por llevar adelante importantes casos de orden nacional y que fue contratado por la gobernadora regional, Krist Naranjo, para colaborar en la investigación del caso “Papaya Gate”, afirmó que “ya se encuentran los antecedentes necesarios para presentar cargos en contra de los querellados”.

Recordemos que el escándalo estalló en septiembre de 2020 e involucra la compra de un terreno por 9.800 millones de pesos por parte del Gobierno Regional, en circunstancias que su valor no superaría los 4 mil millones, favoreciendo a particulares.

Esto, le costó el cargo a la ex-intendenta regional, Lucía Pinto, la que terminó querellada por Fraude al Fisco por parte del Consejo de Defensa del Estado, CDE, junto a dos ex-altos directivos del GORE Coquimbo y un particular: El jefe del Departamento Jurídico, Eduardo Espinoza y el jefe de la División de Planificación y luego administrador regional, José Cáceres ; además de Pablo Bracchitta, gerente de las inmobiliarias involucradas en la compraventa.

A pesar de haber transcurrido un año y siete meses desde que salió a la luz pública el caso, aún no se ha formalizado la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Valparaíso y cuyo querellante es el CDE, quien presentó la acción legal el 24 de julio del 2021.

Desde la Fiscalía de Valparaíso evitaron referirse al tema, indicando que si bien la investigación seguía vigente, aún no existen formalizados.

Lenta indagatoria

La pandemia significó que se ralentizara el caso. Al respecto, Carlos Gajardo detalla que se están realizando “diversas gestiones por parte de la Fiscalía de Valparaíso para esclarecer los hechos y nosotros estamos colaborando en ese proceso, hemos sostenido reuniones con el Consejo de Defensa de Estado y con la fiscal regional para instar por una pronta formalización de los querellados”.

Según el profesional ya se encuentran los antecedentes necesarios para presentar cargos y reconoce que ha habido una demora importante, “pero debiera ya proceder a la etapa de formalización y es eso lo que estamos instando”, insistió.

Una vez ocurrido esto, se deberían solicitar medidas cautelares reales en contra de los bienes que se pudieron haber ocultado con los dineros del fraude y también cautelares personales, como prisión preventiva o arresto domiciliario, entre otras.

Juicio oral

Gajardo no se arriesga a pronosticar cuánto más se tendrá que esperar para un juicio oral, pero indica que “la formalización no debería pasar más allá de seis meses, Creemos que la causa ya tiene la madurez suficiente para poder formalizar cargos en contra de los responsables”.

Consultado si pensaba que la ex-intendenta, Lucía Pinto, tuvo directa relación con el caso o pudo haber sido engañada, Carlos Gajardo subraya que “es una de las personas que ha sido querellada por el propio Consejo de Defensa del Estado, así que creemos que a su respecto hay antecedentes suficientes para formalizar la investigación”.

Se suma el hecho de que la ex-intendenta fue advertida en cuatro oportunidades por la Contraloría Regional, luego de que desde el Gobierno Regional se insistiera en la adquisición del terreno. Finalmente se saltaron la autorización de del órgano contralor y se realizó la cuestionada transacción.

Casos de fraude al fisco

El ex-fiscal de delitos de alta complejidad reconoce que los casos de Fraude al Fisco no son poco frecuentes, pero precisa que en este caso llama la atención los montos de dinero, que superan los seis mil millones de pesos, “porque los bienes (terreno) estaban avaluados en cuatro mil millones aproximadamente y la venta se hace por cerca de diez mil, por lo tanto, el fraude es de un monto bastante considerable”.

Referente a las eventuales penas que pudiesen recibir los involucrados, explica que podrían llegar a los 10 años de cárcel.