El pasado lunes, se conoció que el exfiscal del Ministerio Público, Carlos Gajardo, asesorará jurídicamente al Gobierno Regional de Coquimbo en el marco del bullado caso “Papaya Gate”.
En efecto, de acuerdo al propio jurista en su paso por la ciudad de La Serena, “nuestros esfuerzos van a estar en que las personas que están involucradas en estos hechos sean sancionadas y que los dineros que fueron obtenidos, de mala manera, puedan ser recuperados por el Estado”
Cabe destacar que esta determinación, que se ajusta a los reglamentos internos del Gore y que es parte de las atribuciones de la gobernadora regional, Krist Naranjo, ha causado revuelo y opiniones diversas entre algunos consejeros regionales.
Y es que algunos de ellos cuestionan la contratación mediante trato directo entre el Gobierno Regional de la Región de Coquimbo y la empresa Gajardo y Norambuena Servicios Jurídicos Ltda., por un monto de $13.200.000.
Según la resolución a la que accedió El Día, los servicios “durarán seis meses contados desde la fecha del mencionado inicio del servicio, con la posibilidad de ser prorrogable por otros seis meses, de acuerdo con el desempeño favorable de los servicios prestados y la disponibilidad presupuestaria existente”.
¿Qué opinan los Consejeros Regional del millonsrio contrato?
El consejero regional Cristian Rondanelli (UDI), en diálogo con El Día, señaló que “es importante que se quiera esclarecer de una vez por todas el caso Papaya Gate, pero efectivamente me quedan mis dudas de cual va a ser la verdadera labor del exfiscal Gajardo. Tengo mi inquietud si es que esto busca dar una señal política a la ciudadanía o va a lograr avanzar en algo la situación. Yo creo, personalmente, que no será así, porque quienes están realizando el trabajo investigativo son la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado y no un exfiscal”.
En definitiva, Rondanelli sostuvo que “no me queda claro el fin de la contratación de Carlos Gajardo por parte de la gobernadora regional. Creo que él no debería estar a cargo de realizar esta investigación”.
El core Marcelo Castagneto (RN) también mostró algunas diferencias con esta contratación. “La gobernadora tiene todas las atribuciones para contratar asesores externos para resolver temas puntuales y que no están ligados a la administración del Gobierno Regional. De todas formas, me parece que contar con asesores externos con honorarios bastante contundentes después que haya manifestado en reiteradas ocasiones su llamado a la austeridad no es lo más apropiado. Perfectamente se podría haber contado con los asesores jurídicos del Gobierno Regional. Por tanto, creo que al buscar a Carlos Gajardo, lo que la gobernadora quiere es mejorar su imagen”, enfatizó.
El consejero regional, Lombardo Toledo (DC), también manifestó sus diferencias. “No era necesario, desde mi punto de vista, contratar otra entidad jurídica, ya que nosotros como Consejo Regional ya habíamos dado pasos concretos con el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría Regional y al mismo Gobierno para que se agilizaran todos estos procesos. Creo que la inversión que se está realizando no se debería hacer, porque nosotros tenemos equipos capacitados, tanto en el Core como en el Gore, para una buena defensa del patrimonio. Nosotros hemos actuado oportunamente”, señaló.
Quien tuvo una visión más moderada del asunto fue la consejera regional, Adriana Peñafiel (RN). “La decisión de la gobernadora está basada en la legislación vigente Del Gobierno Regional. Respecto de los montos entre las partes, es algo que ellos acuerdan y habiendo tenido las disponibilidades presupuestarias, no considero que sea un problema. Las motivaciones de la gobernadora para esta determinación pasan sólo por ella”.
¿Qué consejero apoya el millonario contrato?
Aunque reconoció que ha tenido serias diferencias con la gobernadora Krist Naranjo durante el último tiempo, el consejero Carlos Galleguillos (PS) considera positivo el acuerdo entre el Gobierno Regional y el abogado Carlos Gajardo. “Creo que cueste lo que cueste, vale la pena aclarar las situaciones que vivimos con la exintendenta, Lucía Pinto. Creo que el curriculum de este señor me da la sensación de que $13 millones no es nada versus lo que significa aclarar lo que ocurrió”.
¿Qué opinan el Gobierno Regional del Carlos Gajardo?
De acuerdo a información del Gobierno Regional, efectivamente cuentan con un equipo jurídico. Consta de un abogado nuevo, que es el jefe de la división jurídica y tres que vienen de períodos anteriores, pero aducen que estos se dedican al ámbito administrativo y el caso “Papaya Gate” es de características legales.
“Requerimos asesoría jurídica externa para más transparencia. Este servicio del exfiscal del Ministerio Público y abogado, Carlos Gajardo, quien es reconocido por llevar adelante emblemáticos casos de corrupción en el país, obedece a la necesidad de darle celeridad a eventuales delitos que se cometieron bajo la administración de la exintendenta Lucía Pinto y que nosotros, lamentablemente, tenemos que pagar los costos y hacernos cargo por medio de las vías legales, para enmendar el gravísimo error que significó una pérdida de $9.800 millones para el Gobierno Regional, aprobados por el actual Consejo Regional de Coquimbo”, señalaron desde el Gore.
Acotaron que “tenemos los servicios y la voluntad de uno de los mejores abogados del país, con un contrato acorde a los valores del mercado para atender el peor caso de corrupción en la historia de la