El diputado DC Gabriel Ascencio pidió a la Contraloría que inicie una fiscalización tras la denuncia en contra de la ministra Karla Rubilar, de haber usado recursos públicos en la campaña a diputado de su pareja, Christian Pino. «En La Moneda perdieron toda vergüenza», acusó el parlamentario, mientras que organizaciones de la sociedad civil, piden la renuncia de la titular de Desarrollo Social.
Según lo señalado por Ascencio, “lo que apreciamos y conocimos constituiría una abierta intervención electoral de parte de la ministra y de funcionarios de su Ministerio en favor de la campaña de su pareja, Christian Pino, aprovechando para ello la imagen institucional, recursos fiscales y a funcionarios públicos en pleno horario de trabajo”.
Asimismo, el parlamentario de oposición apuntó que también “puede entenderse como una presión a cometer estas mismas infracciones a aquellos funcionarios que sin querer ser parte de dicha campaña, hayan recibido instrucción directa de su jefatura, la ministra Rubilar, para apoyar en la campaña”.
En ese sentido, explicó que “habría una abierta infracción a las normativas de probidad administrativa y a las claras instrucciones que ha dado Contraloría respecto a la participación de funcionarios públicos en campañas electorales, lo que debe ser siempre fuera de horario laboral”.
Las normas de Contraloría
Entre las normas infringidas, se habría incumplido abiertamente el artículo 62 de la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado; 61 y 84 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, y especialmente el inciso primero del artículo 8° de la Constitución que indica: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.
Recordemos que un reportaje denunció al candidato a diputado de estar aprovechando las redes de comunicación, como chats internos del Ministerio, y el apoyo de funcionarios públicos en pleno horario de trabajo, para su campaña parlamentaria, con participación directa a su favor de su pareja, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.
“Dada la gravedad de la denuncia publicada Canal 13, solicito al contralor que inicie una fiscalización por los incumplimientos a las normas sobre probidad administrativa cometidas en el contexto del apoyo de la ministra de Desarrollo Social y Familia y otros funcionarios del mismo ministerio a la campaña parlamentaria de Christian Pino, pareja de la ministra”, señaló Ascencio.
“La Moneda perdió la vergüenza”
“Lo que yo esperaría es que la Contraloría, luego de estudiar los antecedentes, ordene un sumario en contra de la ministra de Desarrollo Social, y luego aplique las sanciones”, agregó el diputado DC.
“En La Moneda perdieron toda vergüenza y pareciera ser que los funcionarios que saben que en marzo se terminar este Gobierno, pareciera ser que se quieren llevar los muebles para la casa”, concluyó.
Fundación Participa pide salida de Rubilar
Desde la Fundación Participa coinciden con el diputado Gabriel Ascencio respecto de la gravedad de lo denunciado, por lo que piden su renuncia.
En esa línea, el presidente de la entidad, Daniel Ibáñez, fue categórico en señalar que “el uso de los recursos públicos en una campaña política son inaceptables y de la más alta gravedad, sobre todo tratándose de un ministerio tan sensible como el Ministerio de Desarrollo Social y en medio de una pandemia y una crisis económica y social”.
“La ministra Rubilar debe renunciar hoy mismo, y la Contraloría y el Ministerio Público deben hacer su tarea y establecer las responsabilidades por las faltas y por los delitos que pudieron haberse cometido en este hecho”, indicó.
Por último, desde Fundación Participa solicitaron que estas investigaciones también se realicen al interior de los municipios “donde Contraloría tiene mucho que decir”.
Al mismo tiempo, llamaron a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados a fiscalizar “por el uso de recursos públicos de los parlamentarios que van hoy día a la reelección y que están utilizando a sus equipos, sus campañas y sus cuentas públicas, financiadas también con plata de todos los chilenos, para hacer sus campañas de reelección”.