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Las aristas de las redes involucradas en pornografía infantil y sus vínculos con la región

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Tras acciones entre la Brigada de Delitos Sexuales La Serena y detectives de la capital se detuvo a cinco sujetos que se dedicaban al almacenamiento de material pornográfico, los que quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.

Sorpresa e indignación han generado los detalles de la investigación por almacenamiento y distribución de pornografía infantil, que dejó cinco personas detenidas en la Región de Coquimbo.

Los imputados fueron aprehendidos por parte de la PDI, que realizó allanamientos en nueve viviendas de la zona, alrededor de las 18:00 horas de este miércoles.

Los operativos se realizaron en las comunas de Coquimbo, La Serena y Ovalle, donde se recibía material proveniente desde diferentes rincones del planeta, según los primeros detalles conocidos.

De acuerdo a datos recabados por El Día, esta investigación fue realizada en enlace entre la Brigada del Cibercrimen Metropolitana y la Brigada de Delitos Sexuales La Serena. Esto, en el marco de la operación denominada como “Ruta del Abuso”.

Desde la institución detallaron que los cinco detenidos en la zona son todos mayores de edad, de entre 26 y los 50 años aproximadamente, entre los que había -según datos recabados por este medio- dos profesores, un ingeniero en telecomunicaciones, un guardia de seguridad que se desempeñaba en el Hospital de La Serena y uno que, según indicó, trabajaba “en mármol”.

La vinculación de los detenidos con los hechos investigados, se logró establecer luego de revisar dispositivos tecnológicos entre los que se encontraron más de 520 mil archivos de imagen y más de 8 mil archivos de video.

Con estos antecedentes y una vez aprehendidos, los sujetos fueron trasladados la mañana de ayer desde las dependencias de la Prefectura Elqui de la PDI al Juzgado de Garantía de Coquimbo, donde se realizó la audiencia de control de detención correspondiente y la posterior formalización de cargos.

Cabe destacar que las familias de los involucrados no tendrían información alguna sobre los vínculos que los relacionan con estas actividades ilícitas.

Detalles de las indagatorias

Según lo señalado por las autoridades, los alcances locales  de la “Ruta del Abuso” son materia de investigación. Sin embargo, se detallaron algunos antecedentes sobre el caso que provocó conmoción en la zona.

En ese contexto, el fiscal adjunto de Coquimbo, Gianni Stagno, afirmó que “a través de ciberpatrullajes efectuados por el FBI en Estados Unidos se detectó que desde diversas IP en la Región de Coquimbo se estaba almacenando, adquiriendo y distribuyendo material pornográfico infantil. Desde allí se inicia la investigación, se logran determinar los domicilios y eventualmente las direcciones IP correspondientes”.

En ese contexto, el fiscal regional (S), Claudio Correa Morales, aseguró que “en el trabajo colaborativo con la Policía de Investigaciones se logró determinar cuáles eran las viviendas donde se almacenaba pornografía infantil. En ese contexto, se solicitaron las autorizaciones judiciales para ingresar a diversos domicilios, lo que arrojó un resultado exitoso con los detenidos que finalmente pasaron a control de detención”.

Respecto de eventuales penas que se les pueden imputar a los imputados, el persecutor señaló que “va a depender de los delitos que se les pueda acreditar. La investigación se está iniciando y hay tanto almacenamiento como distribución de material pornográfico. Dependerá de si surgen nuevos delitos, como la producción de este material”, sostuvo.

Esto último, no se ha confirmado, pero es aún una posibilidad. “Ese es un aspecto que se debe analizar, pues se ha incautado diverso material que debe ser debidamente periciado. Lo importante es poder dar tranquilidad a la comunidad, porque se sigue investigando y es de suma preocupación para la Fiscalía Regional y en eso estamos ocupados, pensando en el cuidado de niños, niñas y adolescentes”.

Con respecto de eventuales vínculos entre las personas detenidas, el fiscal Correa enfatizó que “eso es materia de investigación. Claramente estos sujetos pertenecen a alguna red, pero las conexiones específicas entre ellos se están investigando”.

A su vez, el jefe de la Prefectura Elqui de la PDI, subprefecto Carlos Albornoz, sostuvo que “esta es una investigación que podemos señalar como exitosa, liderada por la Brigada de Delitos Sexuales de La Serena que se coordina con la Brigada del Cibercrimen de la capital. Es así como se despliega una gran cantidad de detectives de la prefectura, logrando incautar diversa evidencia vinculada a la perpetración de estos delitos, además de otros elementos”, señaló.

Destacar que se trata de computadores, celulares, tarjetas de memoria, memorias externas y dispositivos para grabación y reproducción a través de distintas plataformas físicas como digitales.

Desde el gobierno

Sobre estas investigaciones, el delegado presidencial, Ignacio Pinto, valoró el accionar de las policías y las labores que realizaron en conjunto con el Ministerio Público.

“Esto surge de parte de una investigación de parte del FBI que se coordina con la Policía de Investigaciones y permite detectar los domicilios de las personas que están involucradas. Se trata de una situación que es extremadamente grave, que muchas veces es ajena para quienes vivimos en esta región, pero que gracias a la tecnología se ha hecho posible seguir. La investigación tiene que continuar en cada una de la líneas relacionadas con las personas involucradas, por lo que se debe destacar el trabajo riguroso, profesional y bien coordinado que ha hecho la PDI para lograr las detenciones conocidas”.

Determinaciones

Una vez que los sujetos fueron trasladados hasta el Juzgado de Garantía de Coquimbo (salvo uno, por estar bajo sospecha de Covid y quien participó de esta instancia telemáticamente) se realizó la audiencia de formalización, donde se decretaron medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a establecimientos educacionales y de salud donde asistan menores de edad.

En ese contexto, el magistrado Edgardo Pinto Solís acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó las medidas cautelares por considerarlas proporcionales y adecuadas a los fines del procedimiento. Además, se fijó en 120 días el plazo de investigación.

Sobre las razones por las que no se solicitaron otras medidas cautelares como la prisión preventiva por parte del ente persecutor, el juez argumentó que “no se requirió por parte del Ministerio Público la prisión preventiva de los imputados y se requirió la discusión de cautelares de menor intensidad (…) las razones para acceder a la dictación de las medidas cautelares son que existen presunciones fundadas de la existencia del delito y de la participación de autores que se le atribuyen a los imputados”.

Sin embargo, ante la aparición de otros delitos o si se comprobaran hechos como la producción y la distribución, no se descarta la posibilidad de realizar una reformalización y sumar otras cautelares.

Cabe señalar que los imputados fueron identificados como D.A.A.M., D.A.M.M., J.A.C.J., R.A.C.C. y R.C.A.A.