Cinco requerimientos de indulto por razones humanitarias se tramitan actualmente en la Región de Coquimbo. Los casos son abordados por la Defensoría Penal Pública, en favor de internos del penal de Huachalalume.
Se trata de personas con diversas patologías, que buscan cumplir su condena fuera de la cárcel y que para esto, aspiran que sus casos sean acogidos, como sucedió con Byron Soto, de 22 años, cuya solicitud fue aprobada la semana pasada, siendo el primer indulto otorgado por el presidente Gabriel Boric.
El primero de los casos a nivel local se presentó el año pasado, sin embargo, la tramitación ha demorado precisamente por el deteriorado estado de salud del condenado, que ha requerido de hospitalización.
Se trata de K.C.C., quien tiene antecedentes de receptación, manejo en estado de ebriedad, amenazas, infracciones a la ley 20.000 (de drogas) y porte de armas. Causas que, según informaciones recabadas por El Día, protagonizó desde 2007 a 2020.
Actualmente, presenta diversas patologías complejas en la zona torácica abdominal, que lo mantienen en silla de ruedas y sin movilidad en sus piernas. Para su caso, se realizaron pericias por parte del Servicio Médico Legal y su solicitud se encuentra en trámite, para luego ser presentada al Presidente, quien decidirá si se le otorga o no el beneficio.
Los otros cuatro casos se presentarán en corto plazo y las peticiones tienen que ver con diversas enfermedades graves, de carácter físicas y de enajenación mental, que mantienen a los condenados internados en el hospital penitenciario con un importante deterioro físico, reducida movilidad y alimentación inadecuada, recalcan desde la DPP.
Uno de ellos registra condenas por robo con intimidación, receptación, amenazas y robo en bien nacional de uso público; un segundo tiene antecedentes de lesiones, diversos robos en lugar habitado, infracción a la ley de drogas, hurto y daños simples; en tanto, un tercero cumple condena por lesiones, porte de arma cortante, desacato, homicidio frustrado y porte armas de fuego”.
El cuarto es el caso más complejo, correspondiente a M.C.B., de 81 años, que sufre un cáncer de próstata grado 5 en etapa terminal. Esta persona registra delitos de drogas, lesiones y robos violentos, y se encuentra en delicado estado de salud.
La defensora penitenciaria, Carla de Borguie, indicó que se trata del caso “más urgente”, que espera ser presentado a la brevedad. “El defensor ha estado trabajando de la mano de una de nuestras asistentes sociales, así que prontamente va a ser presentado”, dijo.
La celeridad radica en que la tramitación considera un proceso a veces largo, donde Gendarmería tiene 90 días de plazo para emanar su informe. En este caso, dice, la idea es que se pueda realizar en tiempo más acotado, ya que se trata solo de una fecha límite. “Lo podríamos hacer de manera más rápida y que así esta persona no tenga que esperar quizás un año, porque tal vez no tiene un año para poder seguir esperando”, afirmó.
En el mismo sentido, explica que “lamentablemente ha ocurrido que los indultos por razones médicas son acogidos cuando ya la persona falleció”, por lo que “esperamos, este no sea el caso y el interno pueda concluir sus días de manera digna junto a su familia y no al interior de una cárcel”, agregó.
“No significan impunidad”
Las gestiones para tramitar estas solicitudes son realizadas por el equipo de abogados y asistentes sociales de la defensoría penitenciaria a través de audiencias en tribunales, elaboración de informes sociales y periciales, entrevistas, reuniones con Gendarmería y visitas a los condenados.
De Borguie, indicó que para acceder al indulto existe una serie de requisitos, como el cumplimiento de dos tercios de la pena, pero en estos casos, al tratarse de razones humanitarias por situaciones graves de salud, se prescinde de dichos requisitos, siempre y cuando el beneficiario esté condenado por una sentencia ejecutoriada y su condena no se trate de conductas terroristas.
Cabe señalar que conceder el indulto es una facultad de cada presidente. En el gobierno de Sebastián Piñera se recibieron 236 solicitudes, de las cuales 212 fueron rechazadas y 24 aceptadas.
De Borguie aclaró que este tipo de indulto, en caso de ser autorizado por el Presidente de la República, no significa impunidad. “Si es acogido, el interno no pierde su condición de condenado y su pena termina cumpliéndola bajo otra modalidad, pero fuera de un recinto penitenciario”, afirmó.