El año pasado se informó que la Corporación Municipal Gabriel González Videla encabezaba el ránking de las entidades municipales con mayor deuda previsional del país, según los registros de la Superintendencia de Pensiones.
En aquella oportunidad, se indicó que la deuda superaba los $9.460 millones, figurando 82 meses sin pagos a 41.410 ex y actuales funcionarios.
Es por esto, que a nadie extrañó que una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, revelara que la deuda real al 31 de diciembre de 2020, alcanzara la suma de $13.258.615.086. Una cifra muy superior a los $7.434.763.552 informados desde el organismo municipal.
En el mencionado informe, la Contraloría calculó el abultado monto en base a las validaciones efectuadas sobre la materia y la información proporcionada por la Superintendencia de Pensiones, el Fondo Nacional de Salud y la Superintendencia de Salud, siendo conformada por la deuda nominal más los intereses, multas y recargos generados por el no pago oportuno de las referidas cotizaciones previsionales y de salud del personal serenense.
Si bien es sabido que se trata de un problema que se arrastra hace varias administraciones municipales, hasta ahora no se ha podido llegar a una solución concreta. Por esta razón, los trabajadores afectados esperan que esta sea una oportunidad para regularizar su situación.
Pagos de deuda
En ese sentido, se establece que la CGGV deberá efectuar el pago de las sumas adeudadas, indicando el origen de los montos utilizados para dicho efecto, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del informe.
Consultado por El Día, el alcalde de La Serena y presidente de la entidad, Roberto Jacob, afirmó que el documento es una oportunidad, ya que cuando se detectan estas anomalías, lo “lógico es tratar de enmendarlas, corregirlas y responderlas dentro de los plazos asignados”.
Sin embargo, independiente de aquello, anunció que realizarán una apelación para exponer algunos puntos de vista. “En el fondo creo que es una oportunidad, porque todos saben lo difícil que es manejar la educación en los municipios”, comentó.
En la misma línea, argumenta que sin ánimo de realizar una justificación, es sabido que todos los municipios presentan problemas sobre los recursos para la educación.
“Nosotros ya recuperamos $5.400 millones aproximadamente de previsión,que estaban retenidos y que el Mineduc ya va a empezar a pagar este mes de enero a los profesores de planta”, agregó el jefe comunal.
Convenios
Por otra parte, el alcalde serenense recuerda que cuentan con un leaseback que fue aprobado por Hacienda por $4.500 millones. De esta suma, una vez que se licite, 3 mil millones de pesos se van directamente a pagar el tema de previsión.
En la misma línea, añade que se realizó un convenio con el IPS, con el que se tenía una deuda de $300 millones que se transformaron en $3 mil millones debido a los intereses. Sin embargo, gracias a una negociación, el monto quedó en $400 millones que se pagarán en cuatro meses.
“Se pagó la primera cuota de $100 millones (…) Todo esto no estaba al momento de hacerse el informe, pero hoy vamos a empezar a pagar y enmendar lo que se ha hecho hasta ahora. Pero vuelvo a repetir que la educación no se financia en este país”, enfatizó Jacob.
Cambio de mando
En este contexto, cabe recordar que en noviembre pasado la Superintendencia de Educación sancionó al exsecretario general de la Corporación Gabriel González Videla, Patricio Bacho, con la inhabilitación temporal por el plazo de dos años, argumentando la decisión en la abultada deuda previsional que mantenía la entidad con los profesores de La Serena.
Si bien desde el municipio se había apelado la determinación, Bacho finalmente dejó sus funciones, siendo reemplazado a partir del 1 de enero de 2022 por Ernesto Velasco.
Precisamente, el nuevo secretario general de la Corporación Gabriel González Videla, reconoce que la deuda real en la actualidad puede ser incluso mayor a los $13 mil millones detectado por la Contraloría.
Velasco plantea que a los ingresos del Mineduc ya señalados por el edil, se debe agregar que están solicitando reuniones con los gerentes de las Isapres para iniciar un proceso de negociación de convenios, que permitan enfrentar las deudas y bajar los intereses y multas.
“Tenemos que ponernos al día y no solo es por cumplir con un dictamen de Contraloría, tiene que ver con una obligación de una institución pública, que tiene que estar al día”, aclara la autoridad.
Traspasos de salud a educación
Otro de los puntos del documento del órgano de control, apunta a un análisis de las 21 cuentas corrientes que administra la corporación serenense, específicamente de los ingresos y sus transferencias correspondientes al año 2020, constatándose diversos traspasos desde la cuenta corriente de Salud con destino a las diferentes cuentas corrientes de Educación –SEP, PIE y VTF (Vía Transferencia de Fondos JUNJI)–, por un monto total de $2.043.371.519.
Asimismo, se determinó la existencia de transferencias desde las cuentas corrientes de Educación, SEP, PIE y VTF hacia la cuenta corriente de Salud por un monto total de $205.061.152, determinándose una disminución en los saldos de las cuentas corrientes del área Salud por un monto de $1.838.310.367, motivo por el cual la entidad deberá acreditar documentalmente los fundamentos que tuvo a la vista para efectuar cada uno de los movimientos”.
Respecto a esta situación, Velasco asegura que dichos traspasos no han puesto en cuestionamiento el cumplimiento de tareas que tengan que ver con el Covid o prestaciones de salud.
“Son ejercicios contables, para efecto del pago de remuneraciones y otras situaciones de carácter administrativos, un círculo que se tiene que terminar y que corresponde hacerlo”, admite el secretario general de la Corporación.
Información a Fiscalía y CDE
Frente a los antecedentes recabados, Contraloría informa que se procederá a remitir copia del documento a la Fiscalía Local de La Serena, al Consejo de Defensa del Estado, a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, a la Superintendencia de Educación, a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y al Servicio de Salud, para los fines a que haya lugar.
Además, debido a los riesgos identificados en la revisión efectuada, la entidad fiscalizadora planificará una nueva fiscalización sobre la materia, a iniciarse en el segundo semestre del año 2022.
Al respecto, Ernesto Velasco cuenta que personalmente solicitará una auditoría para que exista transparencia y claridad.
“Si veo un delito, seré el primero en ponerlo en conocimiento de las autoridades correspondientes. Hoy no puedo presumir mala fe, sino dar crédito que las cosas que se han hecho con desorden y con algunas situaciones que no son justificables, pero que tienen una explicación y eso se entregará a la Contraloría”, señala el secretario general de la CGGV.
Multas pagadas sin registro
Asimismo, otro de los puntos del informe sostiene que se verificó la existencia de cheques girados que luego fueron protestados por falta de fondos en las cuentas corrientes respectivas, originándose los correspondientes impuestos de cheque protestado e intereses por sobregiro, por la suma de $9.636.504, cuya cifra fue desembolsada por la Corporación Municipal.
Finalmente, en el informe se constató la existencia de una multa pagada por la corporación ascendente a la suma de $84.548.515, emitida por la Dirección del Trabajo, sin que dicha entidad haya proporcionado, durante el transcurso de la fiscalización, los antecedentes que respaldan su pago, motivo por el cual la entidad auditada deberá remitir la documentación de respaldo en un plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del presente informe final.
Futuro de CGGV
Ernesto Velasco descarta que esta millonaria deuda entregada por el informe de Contraloría pueda perjudicar o poner en riesgo el futuro económico de la Corporación Gabriel González Videla.
“Por eso mi compromiso es tener una gestión con rendiciones periódicas y cualquier duda se aclare”, afirmó.
Por último, comentó que trabajará para devolverle la imagen a la institución y ese será uno de los desafíos de su gestión en la CGGV.