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¿Fin al derecho de propiedad? Fallo de la Corte Suprema marca polémico precedente

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El máximo tribunal determinó que el propietario debía coordinarse con las autoridades para así buscar una solución a la demanda habitacional de las personas que ocuparon ilegalmente su terreno y de esta manera, resguardar también sus derechos.

De acuerdo a la información más reciente, el déficit habitacional supera las 700 mil viviendas en todo Chile. En tanto, en la Región de Coquimbo se necesitan aproximadamente 36 mil hogares.

Problema que no ha hecho más que intensificarse en los últimos años debido a la crisis sanitaria, económica y social producida por el COVID-19, además del aumento de los extranjeros llegados especialmente desde Haití, Venezuela y Colombia.

Precisamente esto fue lo que le ocurrió a los hermanos Miranda Hernández en Viña del Mar. Cuenta Radio Bío-Bío que sujetos entraron hasta su propiedad, donde comenzaron con movimiento de tierras e incluso con la construcción de inmuebles. “Terceros ajenos a la propiedad, han ingresado al predio a la fuerza y con rompimiento de puertas, cercos y cierres en general, para proceder a tomarse el inmueble antes individualizado”, indica el recurso de protección ingresado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Es así como después de una serie de diligencias, la instancia rechazó la acción jurisdiccional, por lo que decidieron apelar a la Corte Suprema. Máximo tribunal que tras ocho días de discusión, acogió el recurso, sin embargo y acá viene la particularidad de este caso: decidió que los hermanos Miranda Hernández deberán coordinarse con los estamentos públicos correspondientes, para buscarle una solución a la demanda habitacional de las personas que ocuparon ilegalmente su terreno. “Se dispone que los propietarios de los terrenos involucrados, Carabineros de Chile, la Municipalidad de Viña del Mar, la Seremi de Salud de la región, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Desarrollo Social deberán coordinarse a fin que de manera conjunta se otorgue una solución global y efectiva a la situación que actualmente viven los recurridos, de manera tal que sus derechos sean igualmente resguardados”, afirma la sentencia.

Cambio en las estrategias judiciales

Dictamen que abrió una serie de interrogantes entre los abogados especializados en este ámbito y también entre las personas que han sufrido la toma de sus terrenos: ¿Se acaba la propiedad privada?

Para el jurista y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Norte (UCN), Gonzalo Cortés, esta aseveración es exagerada, no obstante, reconoció que innova en algunos aspectos y desde cierta perspectiva, hasta resulta discutible la forma en que resuelve el tribunal supremo. “Pero no podemos decir que sea un retroceso, al contrario. Lo que ocurría anteriormente era que cuando los propietarios de los terrenos tomados presentaban recursos de protección, la Corte Suprema normalmente los rechazaba diciendo que no eran la vía para dilucidar un conflicto de esta naturaleza y eso obligaba a que estos propietarios iniciaran juicios civiles, los que son mucho más largos”, señaló.

En esta línea, el académico manifestó que lo que puede cambiar con este fallo son las estrategias judiciales, porque muchas veces se utiliza el recurso de protección como una forma corta de resolver estos conflictos, pero ahora podría transformarse en una vía mucho más larga.

Por último, consultado respecto si existen vacíos legales que faciliten la ocupación de propiedades particulares, aseguró que el problema es que la investigación de estos delitos comúnmente toma mucho tiempo o se archivan y desde la perspectiva civil, las acciones también existen, “pero los procesos son largos y caros. En definitiva, eso determina que en muchos casos, el sacar a la gente de los terrenos sea muy complicado. Esto es mucho más simple que incluirlo en la nueva constitución y se hace a través de una modificación legal, lo que podría simplificar el proceso de desalojo”.

Jurisprudencia negativa para los propietarios de terrenos

Pero las reacciones a esta sentencia no solo fueron desde el mundo del derecho, sino también desde el político.

En ese aspecto, el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y Planificación e Infraestructura del Consejo Regional de Coquimbo, Marcelo Castagneto, sostuvo que “la Corte Suprema está tomando palco y está sentando una jurisprudencia nociva para los propietarios de terrenos, porque el derecho de propiedad existe en Chile y se tiene que respetar. Aun cuando el Ministerio de Bienes Nacionales tiene en la ley algunos resquicios que permiten que las personas que se apropien de un terreno, pueden tomar su posesión a partir de cierta cantidad de años”.

Por su parte, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Manuel Fuenzalida, aseveró que este dictamen “es muy grave porque, primero, está sobrepasando su competencia, por cuanto determina acciones que deben adoptar organismos públicos y sectores privados, siendo que el recurso de protección, como lo dice su nombre, es para proteger derechos (…) y por otro lado, me parece que también es grave porque está imponiendo una carga que no está contemplada ni en la constitución ni en las leyes respecto al derecho a propiedad. Está relativizando este derecho”.

Y como consecuencia de lo anterior, el parlamentario afirmó que el tribunal supremo está colegislando y de este modo, interfiriendo en un poder del Estado diferente al suyo.

Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona